Estados unidos incumplió sus obligaciones comerciales internacionales con otros países por la importación de carnes de ganado vacuno y bovino entre otras, etiquetándolas para dar un trato menos favorable a estas, señalándolas a su vez como de mala calidad. México argumentó que su vecino del norte aplicaba sus normas relativas al etiquetado del país de origen (EPO) de los citados productos cárnicos para discriminarlos frente a los propios, algo que es incompatible con los compromisos adquiridos en la OMC.
En concreto, México consideró vulnerados el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el Acuerdo sobre Normas de Origen.
México y otros países, como Canadá, han señalado que la actual normatividad estadounidense es un incremento de los costes en su sector ganadero, ya que sus productos son sometidos a una minuciosa política de etiquetado para su seguimiento durante todo el proceso de comercialización, lo que frena las exportaciones de estos países.
Un elevado número de países estaba implicado en esta disputa, afectados también por esta distorsión comercial. En mayo de 2009, Canadá y Perú solicitaron ser asociados a las consultas, solicitud que fue aceptada por Estados Unidos. Tras la creación del Grupo Especial en noviembre de ese mismo año, otro grupo de Estados miembros decidieron reservarse sus derechos como terceros en el marco de esta disputa: Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, Guatemala, India, Japón y Nueva Zelanda, así como la Unión Europea.
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